¿Quién pierde en un conflicto por un proyecto energético?

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Fecha de publicación: 13/04/2017

Por : Verónica Rodríguez y Roberto Stefani.

Cuando un proyecto energético provoca un conflicto social ¿quién resulta más afectado?, ¿los inversionistas o las comunidades indígenas cuyos derechos son transgredidos?.

En el artículo “Conflictos sociales amenazan proyectos de energía” [1] , publicado por El Economista el 17 de febrero, se expresa preocupación por la falta de disposiciones secundarias claras en la reforma energética, que está provocando dificultades para su implementación y daños millonarios a la inversión.

Desde la lectura del título se observa un mundo al revés en el cual las verdaderas afectadas no son las comunidades indígenas, sino los proyectos energéticos que peligran por la inconformidad social que ellos mismos han generado.

Las siguientes afirmaciones contenidas en el artículo nos parecen discutibles:

1.-  Las organizaciones se aprovechan del vacío legal para frenar los proyectos

Aunque el artículo no se especifica a qué organizaciones se refiere, podría presumirse que alude a las organizaciones de la sociedad civil (OSCs). En cualquier caso, el artículo asigna a dichas organizaciones el peligroso estereotipo de que se “aprovechan” de los procesos sociales.

Reforzar estos estereotipos negativos coloca en gran riesgo a las organizaciones que acompañan en su demanda de justicia a las comunidades y que realizan un trabajo legítimo de defensa de la tierra y territorio.

El informe del relator de Naciones Unidas para las Personas Defensoras M. Forst [2], elaborado en el marco de su visita a México a principios de 2017, refiere que: “uno de los grupos de defensores más criminalizados, frente a la mayoría de los procesos judiciales y detenciones arbitrarias en México, son aquellos que protegen y promueven los derechos económicos, sociales y culturales, en particular los activistas que defienden los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y los derechos a la tierra, agua y ambiente seguro.

Esto ocurre en el contexto de megaproyectos de extracción, energía e infraestructura.”

El relator también concluye que las personas defensoras de derechos humanos de comunidades indígenas están entre los grupos de mayor riesgo del país.

Por otro lado, está ampliamente reconocido que México ha fallado en la implementación de las obligaciones de derechos humanos que nuestro país ha contraído y que son vinculantes, a nivel nacional e internacional.

2.- Los trámites de Evaluaciones de Impacto Social no deben ser un mero trámite a presentar en la Secretaría de Energía, sino que deben proveer información certera a las empresas de los posibles conflictos sociales que se derivan de los proyectos, para que las empresas puedan tomar medidas a tiempo antes de que participen actores externos y los conflictos se vuelvan inmanejables.

Es cierto, las Evaluaciones de Impacto Social (EVIS), así como las Evaluaciones de Impacto

Ambiental (EIA) no son un mero trámite; sin embargo, tampoco deberían ser trabajos de inteligencia destinados a influenciar a la comunidad y obtener su consentimiento o, peor aún, a evitar la participación de supuestos “actores externos” en el proceso.

Las evaluaciones sirven justo para evaluar si los riesgos sociales y ambientales son de una gravedad tal que los proyectos en cuestión no pueden ser realizados, incluso con medidas de remediación; y no tanto para encontrar una justificación para llevarlos a cabo aún con los riesgos que conllevan.

El informe mencionado previamente del relator de personas defensoras M. Forst, también refiere lo siguiente: “En ocasiones, los defensores me dijeron que las evaluaciones de impacto ambiental no estaban disponibles para las comunidades afectadas. El lenguaje de las evaluaciones es demasiado técnico o no está disponible en el idioma de la comunidad.”

Por esa misma ambigüedad e indefinición a la cual se presta una EVIS, esta herramienta debería sustituirse por un Estudio de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) como los que están ya implementando varias OSCs, incluyendo Oxfam América, a través de la Community-Based Human Rights Impact Assessment Initiative (COHBRA por sus iniciales en inglés), que ve a la comunidad como sujeto y no como objeto de estudio y considera las posibles afectaciones sociales, económicas, ambientales y culturales causadas por los proyectos de forma holística.

3.- Es urgente que se emitan las Disposiciones Secundarias de las EVIS y una Ley de Consulta Indígena para que brinden certeza jurídica no solamente al inversionista de que los proyectos serán viables, sino a las comunidades de que sus opiniones serán tomadas en cuenta de acuerdo con un formato establecido.

Sobre las ambigüedades y riesgos intrínsecos de las EVIS, ya se habló. ¿Podría una disposición secundaria subsanarlas?

En cuanto a una Ley de Consulta Indígena, se trata de una compleja discusión en todo el continente y que no ha sido agotada aún, con posiciones diferentes pero que apuntan lejos de [3] reconocerla como una panacea, especialmente en países como México donde la certeza jurídica y el estado de derecho están comprometidos.

En este país existe un protocolo de consulta que elaboró la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en 2013 [3] que sirve como guía para la elaboración de los protocolos de consulta específicos para cada proceso. La principal oposición a una ley que regule la consulta es su rigidez, en contraste con la adaptabilidad que caracteriza a un protocolo.

Por ejemplo, en el caso de la consulta para la modificación de un decreto de veda al agua que se está llevando a cabo en los Valles Centrales de Oaxaca, y a diferencia de lo que pasó con otros procesos análogos, el protocolo de consulta se adaptó de manera específica a las exigencias y características propias de las comunidades zapotecas de esa región a través de un proceso participativo y multi-actor.

4.- Las empresas consultoras deben sensibilizar a sus clientes de que […] es necesario realizar una gestión social profunda que les permita tener una relación cordial con la comunidad desde la planeación del proyecto y durante toda su operación.

Es evidente que las empresas, una vez que el proyecto haya sido consultado y aceptado, deban tener una relación cordial con la comunidad durante toda la operación. De hecho, esa es una condición necesaria pero no suficiente con la cual tiene que cumplir una empresa; más allá de la cordialidad de cualquier empresa, según los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU [4] ella tiene el deber de proteger y respetar los derechos humanos y remediar las posibles violaciones relacionadas, directa o indirectamente, con su actividad.

No queda claro a qué se refiere el artículo aquí comentado cuando menciona una “gestión social profunda”, pero lo cierto es que según el derecho internacional en la materia, la consulta a los pueblos indígenas tiene como finalidad obtener un consentimiento previo libre e informado (CPLI) y es un deber exclusivo del Estado.

En línea con lo principios mencionados arriba, lo que le toca a las empresas es implementar medidas de debida diligencia, lo que significa no entrometerse en ese proceso y asegurarse que el mismo haya sido llevado a cabo en el pleno respeto de los derechos humanos y que exista el consentimiento real de la comunidad, antes de iniciar sus operaciones.

5.- El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de protección de derechos de comunidades originarias al que está suscrito México determina que antes de que arranque cualquier proyecto energético debe realizarse una consulta “libre e informada” si existen comunidades indígenas en el terreno donde se pretende llevar a cabo las actividades.

En realidad, el Artículo 6 del Convenio 169 establece que “los gobiernos deberán […] consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente,” por lo que la consulta debería ser previa no solo al arranque del proyecto, sino previa al otorgamiento mismo de las concesiones correspondientes, que son procedimientos administrativos.

Por el contrario, las consultas normalmente se llevan a cabo bajo la presión económica de un proyecto ya inminente, poniendo en riesgo la libertad de la consulta, que es uno de sus requisitos fundamentales, y en ocasiones la consulta llega cuando el proyecto ya está en construcción.

6.- La falta de planeación en la implementación de los aspectos sociales, ambientales y con respecto a los pueblos originarios, junto con la invasión de facultades estatales, municipales y agrarias por parte de la federación para permisos y usos de suelo, pone también en riesgo la certidumbre jurídica de los proyectos.

Sobre este punto, si bien es muy cierto que se necesita una mejor planeación en relación a estos proyectos, esta debería ser abierta, transparente y participativa; sin embargo, en la mayoría de los casos las comunidades, a diferencia de las empresas, tienen acceso a información muy limitada y de última hora sobre proyectos que están a punto de implementarse en sus territorios.

Es importante resaltar que, más allá de la planeación e implementación de uno u otro proyecto específico, hace falta un proceso de diálogo democrático efectivo sobre el propio modelo de desarrollo y las políticas energéticas que se quieren implementar en México. La narrativa de “progreso” que acompaña estas políticas y proyectos se reduce a un crecimiento económico no incluyente pues no toma en cuenta la mejora de las condiciones de vida de las comunidades indígenas y campesinas. Eso genera conflictos sociales y una disputa por el territorio con dificultades para dialogar, ya que los actores involucrados no parten de imaginarios ni necesidades compartidas.

Para asegurar relaciones de igualdad entre empresas y comunidades, es necesaria una revisión de las normativas y políticas públicas que actualmente regulan el acceso a los bienes comunes naturales (el agua, la tierra, el aire, los bosques, los minerales del subsuelo etc.), para que estas sean realmente equitativas, contribuyendo así a una economía incluyente, más humana y justa.

En cuanto a la invasión de facultades por parte de la federación, las que sufren más presión son las autoridades agrarias, que al día de hoy representan uno de los últimos baluartes de defensa de los pueblos indígenas y campesinos frente al despojo representado en innumerables ocasiones por nociones de desarrollo excluyentes que son impuestas por quienes detentan el poder. [5]

Los informes “México: Empresas y Derechos Humanos” [5] elaborado por más de 100 organizaciones de la sociedad civil y “Desterrados Tierra Poder y Desigualdad en América Latina” [6] publicado por Oxfam aportan datos relevantes sobre este tema.

1El Economista http://m.eleconomista.mx/industrias/2017/02/19/conflictos-sociales- amenazan-proyectos- energia
2 Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos Michel Forst Visita a México, 24 de enero de 2017. Informe de cierre de misión. Revisada el 9 de marzo de 2017.
https://gallery.mailchimp.com/54ff874b5ab8ff86ab68f4f15/files/SRHRD_END_OF_MISSION_STATEMENT_FINAL_ESP.pdf
3 Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes,
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/37009/cdi_protocolo_consulta_pueblos_indigenas_2014.pdf
4 Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”; http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=194:principios-rectores-sobre- las-empresas- y-los- derechos-humanos- puesta-en- practica-del- marco-de- las-naciones- unidas-para- proteger-respetar-y- remediar&catid=17&Itemid=278
5 Informe de organizaciones “México: Empresas y Derechos Humanos” para la visita oficial del Grupo de Trabajo sobre Empresas y DDHH a México, http://redtdt.org.mx/?p=6900
6 informe “Desterrados Tierra Poder y Desigualdad en América Latina https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/desterrados-full- es-29nov- web_0.pdf